La pandemia del Covid-19 es una de las mayores amenazas a la salud de los ciudadanos.
Por tanto, el gobierno jamás debe escatimar recursos económicos ni de logística humana para enfrentar esa amenaza, porque la protección de la salud, según la Constitución, es un deber del Estado.
Hace bien, por tanto, el Ministerio de Salud Pública de facilitar en gratuidad las analíticas de laboratorios y la aplicación de las pruebas PCR para diagnosticar el Covid-19, como cabe hacerlo también para otras enfermedades epidémicas en su red hospitalaria.
Si las empresas aseguradoras de servicios de salud o los laboratorios privados priorizan el aspecto pecuniario más que cualquier otro a la hora de dar coberturas de las pruebas antigénicas o diagnósticas, el Estado no puede renunciar a su obligación de asumir ese deber con todos los recursos a su alcance.
En el caso de la pandemia, las pruebas PCR son vitales para detectar a los contagiados, someterlos a los tratamientos que correspondan, aislarlos del resto para que no retransmitan el virus y salvarles la vida, en la medida de lo posible.
El Ministerio de Salud Pública está anunciando que dispone de 200 mil pruebas antigénicas y que espera pronto recibir 500 mil PCR para aplicarlas gratuitamente a todos los que las necesiten en los hospitales de la red pública.
Una gran noticia que alivia los temores y preocupaciones que sintió la población al anunciarse que las prestadoras de servicios de salud sólo cubrirían una prueba gratis por año, lo que implicaría onerosas cargas para los ciudadanos de clase media y baja, aunque tuviesen seguros contra riesgos de salud.
Dr. Ramón Alberto López Ynoa.
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